La Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil (en adelante, LO 11/2007), contempla en su catálogo de deberes, el de neutralidad e imparcialidad. Así se conformidad con el párrafo segundo del art. 18 de dicho cuerpo legal:

“En el cumplimiento de sus funciones, los Guardias Civiles deberán actuar con absoluta neutralidad política y sindical, respetando los principios de imparcialidad y no discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

En el ámbito disciplinario, contravenir este deber impuesto, se tipifica como falta muy grave, siendo esta la del art. 7.2 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, de régimen disciplinario de la Guardia Civil (en adelante, LO 12/2007), cuando estamos frente a: “la violación de la neutralidad o independencia política o sindical en el desarrollo de la actuación profesional”. En tanto que falta muy grave, las sanciones a imponerse por la comisión de la misma van desde la separación del servicio, pasando por la suspensión de empleo desde tres meses y un día hasta un máximo de seis años, hasta la pérdida de puestos en el escalafón.

Junto a la falta muy grave del art. 7.2 de la LO 12/2007, encontramos en el mismo cuerpo legal la falta grave del art.8.21 bis, consistente en: “efectuar con publicidad manifestaciones o expresar opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad política o sindical, pronunciándose o efectuando propaganda a favor o en contra de partidos políticos o sindicatos o de sus candidatos.” Dada su naturaleza de falta grave, las sanciones aparejadas a su comisión van desde la suspensión de empleo de un mes a tres meses, pérdida de cinco a veinte días de haberes con suspensión de funciones, o pérdida de destino.

Por tanto, frente al deber impuesto de neutralidad a todo miembro de la Guardia Civil por el art. 18 de la LO 11/2007, encontramos dos respuestas disciplinarias a su infracción: la del art. 7.2 y art. 8.21 bis, ambos tipos disciplinarios contemplados en la LO 12/2007, como faltas muy grave y grave respectivamente.

Ahora bien, para entender el alcance y significado de este deber impuesto a los miembros de la Guardia Civil, se hace especialmente necesario acudir a la interpretación que de dicho principio de neutralidad política realiza la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de mayo de 1999, caso Rekvényi contra Hungría. Dicha sentencia justifica la finalidad legítima de la obligación que se impone a ciertas categorías de funcionarios, concretamente a los policías, de abstenerse de actividades políticas, por cuanto dicha obligación, se dirige a despolitizar los servicios afectados y de este modo contribuir a la consolidación y al mantenimiento de la democracia pluralista en el país. En este sentido, y según el tenor literal de la sentencia: “Los ciudadanos pueden esperar legítimamente que, con ocasión de sus relaciones personales con la policía, serán aconsejados por funcionarios políticamente neutros y totalmente distanciados de la lucha política. Según el Tribunal, el deseo de controlar que el papel crucial de la policía en la sociedad no quede comprometido por la erosión de la neutralidad política de sus funcionarios puede conciliarse con los principios democráticos.”

En la misma línea, se señala en la referida sentencia que a fin de asegurar la consolidación y el mantenimiento de la democracia, los Estados pueden disponer con esta finalidad de garantías constitucionales que limiten la libertad de los agentes de policía para el ejercicio de actividades políticas.

Respecto a la jurisprudencia de nuestro país, merece la pena traer a colación la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 5ª, Sección 1ª), núm. 36/2018 (recurso núm. 127/2017) de 10 de abril de 2018. En ella, se concretan los elementos que integran el tipo disciplinario del art. 7.2 de la LO 12/2007. El primer elemento viene constituido por la violación de la neutralidad política, por cuanto se trata de un deber impuesto a todo miembro de la Guardia Civil en el art. 18 de la LO 11/2007.

El segundo de los elementos lo es el hecho de que la infracción de este deber se lleve a cabo en el desarrollo de la actuación profesional del Guardia Civil. Como bien puntualiza la sentencia, no se debe entender en el sentido de desempeñar un servicio, ni en el ejercicio de las funciones propias del cargo o destino, sino que se trata de un deber que ha de observarse por el mero hecho de ser un profesional de la Guardia Civil por lo que mientras se forme parte del Cuerpo de la Guardia Civil, y se encuentre por tanto sometido a sus leyes y reglamentos, debe cumplirse con los deberes que le incumben, y a ello se refiere y debe entenderse la expresión: “desarrollo de su actividad profesional”. No obstante, como matiza la STS 493/2020, de 25 de febrero: “ello siempre que el miembro de la Guardia Civil de que se trate no se halle en una de las situaciones administrativas – servicios especiales o excedencia, reguladas, respectivamente en los arts. 89 y 90 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen de Personal de la Guardia Civil- en que, por disposición legal tiene su condición de guardia civil en suspenso y, en consecuencia, dejará de estar sujeto al régimen general de derechos y obligaciones de los miembros del Cuerpo, a las leyes penales militares cuando sean de aplicación y a la disciplina del Instituto”.

Por otro lado, el bien jurídico protegido por el tipo disciplinario lo es la neutralidad política en cuanto profesional, esto es, como miembro de la Benemérita, por lo que es indiferente para apreciarse la comisión de esta falta muy grave, que el Guardia Civil al momento de la comisión de este tipo disciplinario, se encuentre o no fuera de servicio.

Por su parte, encontramos en la recientísima sentencia del Tribunal Supremo (Sala 5ª, Sección 1ª), núm. 493/2020 (recurso núm. 65/2019) de 25 de febrero de 2020, algunas notas destacable sobre estos tipos disciplinarios destinados a proteger el bien jurídico de la neutralidad política. Según la misma, para apreciarse la comisión de estos tipos disciplinarios, no se requiere por parte del sujeto activo del tipo la exteriorización de la condición de miembro de la Guardia Civil, ni que lleve a cabo el hecho típico en el ejercicio de su actividad profesional o de sus funciones, sino porque la afectación del bien jurídico que se protege – la neutralidad política -, se produce cuando se incumple el deber del art. 18 de la LO 11/2007, lo que comporta a su vez incumplir la regla esencial tercera de las que definen el comportamiento del guardia civil, y que encontramos en el apartado primero del art. 7 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, en virtud de la cual: “cumplirá con exactitud sus deberes y obligaciones impulsado por el sentimiento del honor, verdadera seña de identidad del guardia civil”.

Por último, como sigue apuntando la sentencia en relación al tipo disciplinario del art. 8.21 bis, ha de concurrir un elemento intencional que consiste en que los comportamientos que castiga – efectuar manifestaciones o expresar opiniones con publicidad que supongan infracción del deber de neutralidad política o sindical-, se lleven a cabo con un propósito o intención deliberados, por lo que se exige para la apreciación del tipo disciplinario, el ánimo tendencial o doloso dirigido a la realización de propaganda a favor o en contra de partidos políticos o sindicatos o de sus candidatos. Por tanto, sin la concurrencia de dicho dolo, no hay falta disciplinaria, porque según el tenor literal de la sentencia de referencia: “resulta difícilmente concebible que estos hechos se cometan por culpa, imprudencia o negligencia”.