Nuestra Real Academia Española define a la discreción como:

“1. f. Sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar.

  1. f. Don de expresarse con agudeza, ingenio y oportunidad.
  2. f. Reserva, prudencia, circunspección.”

A su vez, define a la indiscreción como falta de discreción, remitiendo a la definición anterior.

El legislador de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil opta por incluir, en el amplio abanico de las faltas leves del art. 9, el apartado 5, tipificando como tal: “la indiscreción en cualquier asunto del servicio.”

Nos encontramos por tanto que la conducta consistente en ser indiscreto respecto de cualquier asunto del servicio, constituirá falta leve, pudiendo ser sancionada en virtud del art. 11.3, con reprensión o pérdida de uno a cuatro días de haberes con suspensión de funciones.

La Guardia Civil desde su fundación ha optado por incluir en las cualidades que han de presumirse en sus miembros, a la discreción, sancionándose por ende, aquellas conductas que la vulneren. Así, en el Capítulo primero de la Cartilla de la Guardia Civil (1845), ya se indicaba a sus miembros (art. 4º), que las funciones a ellos encomendados habían de llevarse a cabo con prudencia, del mismo modo que en el art. 2º se afirma que los guardia civiles han de ser un “dechado de moralidad”. Igualmente, en el art. 5º, se impone a los miembros, la obligación de ser prudentes, sin debilidad.

Anteriormente a la Cartilla de la Guardia Civil, el primer reglamento militar aplicable a la misma, de fecha 15 de octubre de 1844, en su capítulo VI, dedicado a la disciplina y concretamente en el art. 3º de dicho capítulo, se tipificaba desde un primer momento a “la falta de secreto”, como una falta especial de disciplina.

Por su parte, el Código de Justicia Militar de 1890 que sustituye al anterior y que clasifica las faltas en graves y leves no contempla sin embargo, alusión alguna expresa a la falta de discreción de los guardias civiles. Teniendo en cuenta sin embargo, la cláusula del art. 338 de dicho texto, podrían reprenderse faltas leves no contempladas en el Código de Justicia Militar, corrigiéndose entonces estas según el prudente arbitrio de los Jefes respectivos, aplicándose las reglas generales en cada caso.

El Código de Justicia Militar de 1945 se encarga en su art. 443, de incorporar un detallado resumen de lo que debe entenderse por faltas leves, sin aludir expresamente a la indiscreción, pudiendo por exclusión ser aplicable en aquella época al supuesto que nos ocupa, la cláusula de cierre del mismo: “todas las demás que no estando castigadas en otro concepto constituyan leve desobediencia o ligera irrespetuosidad u ofensa a las Autoridades, organismos o emblemas militares o símbolos nacionales, consistan en el olvido o infracción de un deber militar, infieran perjuicio al buen régimen de los Ejércitos o afecten al decoro con que las clases militares deben dar público ejemplo de moralidad, decencia y compostura, aunque las mismas faltas tengan señalada corrección en el Código ordinario”.

La Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, aplicable durante un período de tiempo determinado a la Guardia Civil hasta la célebre Sentencia del Tribunal Constitucional nº 194/1989, de 16 de noviembre, si bien incluye respecto de las faltas leves, la misma cláusula abierta sobre lo que puede llegar a constituir una falta, pese a no observase expresamente en el texto disciplinario, opta por retomar la línea del primer reglamento militar en que se contemplaba como tal “la falta de secreto”. De esta forma incluye, tanto en la clasificación de faltas leves como graves, alusiones a la falta de discreción relativa a asuntos del servicio. Así, en virtud de su art. 8.3, constituía falta leve: “la inexactitud en el cumplimiento de las normas sobre seguridad militar y las ligeras indiscreciones en materia de obligada reserva.”; el art. 9.8 por su parte, consideraba falta grave: “incumplir las normas de obligada reserva sobre asuntos del servicio, sin causar perjuicio grave a la seguridad militar.”

Por otro lado, es la Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, la primera en desarrollar sin complejos las faltas relativas a la carencia de discreción de los agentes de la Guardia Civil, sancionándose tanto como falta leve como grave, las conductas tendentes a la indiscreción en lo que asuntos del servicio de refiere. Así, el art. 7.7 tipifica como leve la falta consistente en: “las indiscreciones en materia de obligada reserva, cuando no constituyan infracción más grave.” Tipifica el art. 8.11 por su parte como grave: “Quebrantar el secreto profesional o no guardar debido sigilo en asuntos que conozca por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones profesionales cuando no constituya delito.” Comienza a desdoblar aquí el legislador las conductas constituidas por quebrantar el secreto profesional de las relativas a no guardar el debido sigilo respecto de asuntos que conozca con ocasión del desempeño de sus funciones.

En la línea de lo anterior, la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, se encarga de separar las faltas relativas al secreto profesional merecedoras de un trato diferenciado en cuanto a su análisis se refiere, de la falta leve consistente en la “indiscreción en cualquier asunto del servicio”, recogida en el art. 9.5 del mismo texto legal, objeto de análisis en este artículo.

Es la Sentencia de la Sala 5ª de lo Militar del Tribunal Supremo nº 8822/2011, de 16 de diciembre de 2011, la encargada de comenzar a desgranar la intríngulis de un artículo (el 9.5) tan sencillo como delicado, afirmando que son elementos definidores del tipo disciplinario: “los elementos definidores del tipo: a) la indiscreción -acto contrario al sigilo- consistente en palabras, habladas o escritas, o actitudes en las que se haga patente un mensaje; indiscreción efectuada no solo a personas ajenas al Instituto, sino también a sus Miembros, a quienes no competa conocer asunto; b) que la indiscreción vaya referida a algún asunto del servicio, entendido éste como el conjunto de los que presta la Guardia Civil.”

El motivo de que el bien jurídico protegido por la norma disciplinaria consista en la discreción y el sigilo respecto de los asuntos del servicio, trae causa entre otros del art. 33 del Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, el cual impone: “guardará discreción sobre todos los asuntos relativos al servicio”; del art. 5.5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: “deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones.” Cierra el catálogo de artículos, el 19 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil: “Los miembros de la Guardia Civil están sujetos a la legislación general sobre secretos oficiales y materias clasificadas. Igualmente, tienen el deber de guardar secreto profesional y el debido sigilo respecto de aquellos hechos o informaciones no clasificadas de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones.”

Por lo que a la terminología respecta, la sentencia arriba referenciada es clara a la hora de fijar los dos conceptos que circulan por el tipo disciplinario del art. 9.5 de la ley de régimen disciplinario: indiscreción y servicio. Conceptúa la jurisprudencia a la indiscreción como: “por el carácter de reserva, sigilo, secreto, que encierra, es contrario a toda publicitación de datos que ya fueren conocidos en el ámbito de su afectación.” En lo que atañe al servicio, se toma como referencia el art. 15 de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar — actual art. 6 de la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar —: “ha de entenderse el conjunto de actos que incumbe realizar a la Fuerzas Armadas, (a las que incuestionablemente pertenece la Guardia Civil), para el cumplimiento de la misión que constitucionalmente le ha sido confiada. Por tanto el concepto «servicio» abarca distintos aspectos de la vida militar interrelacionados con múltiples vertientes de esa profesión.” Continúa afirmando la sentencia que: “De tal premisa se deduce que la entidad, en la afectación del servicio, será relevante para caracterizar la mayor o menor gravedad de las posibles diversas infracciones que, en relación a dicho concepto, se tipifican tanto en el ámbito penal como en el disciplinario.”

Nos encontramos pues en el régimen actual, con un ilícito disciplinario que requiere de la concurrencia simultánea de dos elementos: por una parte, la indiscreción propiamente dicha y por otro, que su acaecimiento venga referido respecto de cualquier asunto del servicio. Por tanto, ser indiscreto en sí mismo, si no afecta a asuntos del servicio, puede ser desde el punto de vista moral reprobable y más aún en un miembro del Benemérito Instituto, mas no entraría en el tipo disciplinario y no podría por tanto sancionarse, so riesgo de la vulneración del principio de tipicidad que rige en virtud de nuestro Estado de Derecho, para el ámbito sancionador.